España ha ratificado, el pasado mes de mayo, la Carta Social Europea Revisada del Consejo de Europa, aceptando todas las disposiciones del tratado y aceptando el Protocolo Adicional de 1995 que prevé un sistema de reclamaciones colectivas. España se convierte así en el tercer Estado miembro del Consejo de Europa, después de Francia y Portugal, en aceptar todas las disposiciones de la Carta revisada.
La Carta Social Europea Revisada es una normativa que amplía los derechos que deben garantizarse en el entorno laboral.
Garantiza una amplia gama de derechos humanos cotidianos relacionados con el empleo, la seguridad ocupacional, la salud, la protección y el bienestar social, la vivienda, la educación; con un énfasis especial en la protección de los grupos vulnerables como los ancianos, los niños, las personas con discapacidad y migrantes. El disfrute de estos derechos debe ser garantizado sin discriminación. Por ello hay quien la califica como “la Constitución social de Europa”.
“Ningún otro instrumento jurídico a nivel paneuropeo puede proporcionar una extensa y completa protección de los derechos sociales como la proporcionada por la Carta”, dice en su página web el Consejo de Europa, ‘padre’ del tratado.
Esta ratificación permitirá desarrollar nuevas medidas para mejorar la aplicación de derechos sociales garantizados por la Carta como el derecho a la dignidad en el trabajo promoviendo la prevención frente al acoso y la violencia en el entorno laboral.
Con la ratificación de la Carta Social Europea Revisada, España muestra a la comunidad internacional y la ciudadanía “que los derechos sociales y el bienestar de las personas son espacios ganados para una democracia mejor en los que ya no es posible retroceder”. Por otro lado, España además continúa desarrollando el marco convencional de Consejo de Europa, de acuerdo con el compromiso con esta organización de referencia en materia de derechos humanos en nuestro continente.
