El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, un cambio normativo que introduce nuevos derechos, amplía prestaciones y servicios y busca reducir la burocracia. La reforma, aprobada definitivamente el 16 de septiembre de 2026, incorpora además nuevas medidas para favorecer la autonomía personal, la vida independiente y la accesibilidad universal.
Entre las novedades destacan la posibilidad de combinar diferentes prestaciones de dependencia, el reconocimiento de la teleasistencia como derecho y el impulso de la asistencia personal. Al mismo tiempo, se establecen nuevas medidas en materia de accesibilidad y se agilizan determinados procedimientos relacionados con el reconocimiento de la discapacidad.
Más flexibilidad en las prestaciones de dependencia
Uno de los cambios relevantes es la eliminación del régimen de incompatibilidades entre prestaciones y servicios. Esto permitirá combinar diferentes apoyos en función de las necesidades y circunstancias de cada persona. Por ejemplo, una persona podrá acudir a un centro de día y, al mismo tiempo, contar con cuidados en el entorno familiar o teleasistencia.
La reforma también amplía y consolida la asistencia personal como servicio del Sistema de Dependencia, orientándola a favorecer la autonomía, la vida independiente y la participación en la comunidad.
Además, se amplía el servicio de ayuda a domicilio para que pueda incluir acompañamientos fuera del hogar, como acudir al médico o realizar compras, y se reconoce la teleasistencia como derecho subjetivo para las personas con dependencia reconocida.
Otro cambio significativo es la reducción de seis a tres meses del plazo máximo para resolver el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.
Una nueva relación entre dependencia y discapacidad
La reforma establece una conexión más directa entre ambos sistemas. Las personas a las que se reconozca un grado I de dependencia tendrán automáticamente reconocido un 33 % de discapacidad, mientras que quienes obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con un 65 % de discapacidad, manteniendo la posibilidad de solicitar una valoración individualizada.
Esta medida pretende reducir trámites y evitar que las personas tengan que pasar por procesos administrativos duplicados para acceder a determinados derechos.
La accesibilidad universal, reconocida como un derecho
La nueva normativa reconoce expresamente la accesibilidad universal como un derecho, permitiendo reclamar la accesibilidad en servicios y edificios públicos. También contempla la creación de un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal para financiar actuaciones necesarias.
En materia de vivienda, se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar las obras de accesibilidad y el acceso a ayudas públicas. El Ministerio señala que actualmente unas 100.000 personas no pueden salir de sus viviendas por problemas de accesibilidad.
Atención temprana y otros nuevos derechos
La reforma reconoce la atención temprana como derecho subjetivo para los niños y niñas de 0 a 6 años que presenten trastornos del desarrollo o riesgo de desarrollarlos.
También incorpora medidas para evitar la discriminación de las personas con discapacidad en determinados seguros y regula la figura del facilitador procesal, destinado a prestar apoyo a personas con dificultades durante los procedimientos judiciales.
Más financiación para el sistema de dependencia
La reforma incorpora a la ley la obligación de que la Administración General del Estado asuma el 50 % de la inversión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Además, el Gobierno señala que las comunidades autónomas recibirán 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027 mediante el real decreto-ley aprobado en julio para ampliar la financiación estatal.
Una reforma con impacto directo en la vida cotidiana
La nueva legislación introduce cambios que afectan a cuestiones esenciales: cómo se reciben los apoyos, dónde y cómo se prestan los cuidados, la posibilidad de vivir de forma independiente, el acceso a la accesibilidad y la reducción de las barreras administrativas.
El siguiente paso será convertir estos cambios normativos en servicios y apoyos efectivos para las personas, el desafío está ahora en que los derechos reconocidos en la legislación se traduzcan en mejoras reales en la autonomía, la inclusión y la calidad de vida.
Fuente y más información: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
