Con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que cada año se celebra el día 3 de diciembre, en el correspondiente al año 2025, el Movimiento Social de la Discapacidad agrupado unitariamente en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) hace público el siguiente
Manifiesto
A las puertas del año 2026, España conmemora 40 años de su adhesión a la Unión Europea (entonces Comunidad Económica Europea), un proyecto de paz, democracia y derechos. En estas cuatro décadas, la sociedad civil de la discapacidad española ha podido contribuir a la construcción europea y ser percibida y tenida como actor siempre desde la primacía del rostro humano y la defensa de la diversidad humana y de lo social.
En estos tiempos críticos en que la dimensión social de la Unión Europea corre el riesgo no de afianzarse sino de debilitarse, desde el movimiento social de la discapacidad, articulado en torno al CERMI, proclamamos un principio irrenunciable, a saber: la Unión Europea debe ser siempre sinónimo de derechos, inclusión y bienestar para toda la ciudadanía, porque sin lo social no hay Europa, no hay un modelo de vida europeo.
La pertenencia a la Unión Europea ha sido un motor de progreso social para España. Sin embargo, este modelo social europeo se enfrenta a una amenaza real de dilución, brechas de desigualdad persistentes y una regresión preocupante en el reconocimiento de derechos.
En este 3 de diciembre, el Movimiento CERMI mira hacia la próxima década con la convicción de que Europa debe ser un espacio de pleno cumplimiento de los derechos humanos. Queremos una Europa donde la inclusión no sea una aspiración, sino una realidad cotidiana, tangible y universal.
Por todo ello, desde el Movimiento CERMI reclamamos:
1. Una defensa activa de los derechos para mantener y ensanchar las conquistas sociales. Es imperativo impulsar una acción contundente de protección de los derechos, para evitar el riesgo real de retroceso en igualdad. Coincidiendo con el 20º aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que celebraremos en 2026, exigimos que la Unión Europea, como única organización regional del mundo que ha ratificado este tratado internacional, asuma el liderazgo global que le corresponde. Esto implica impulsar una política unificada que integre los mandatos de la Convención en toda la legislación y políticas públicas europeas, consolidando el modelo de apoyos personalizados y centrados en la persona, alineado con la vida independiente, la desinstitucionalización y la libertad de elección y dando cumplimiento urgente a las Observaciones del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
2. La aprobación inmediata de la Directiva Horizontal de No Discriminación, legislación clave para garantizar una protección jurídica sólida y coherente contra la discriminación en todos los ámbitos de la vida, haciendo realidad la igualdad para toda la ciudadanía, también para las personas con discapacidad y sus familias.
3. La garantía de accesibilidad universal como presupuesto del ejercicio, goce y disfrute de los demás derechos, asegurando los recursos de apoyo necesarios y eliminando todas las barreras -físicas, en el transporte y la movilidad, en el acceso a la información, incluida la lingüística, y a la comunicación, cognitivas, actitudinales y psicosociales- que limitan o impiden la participación plena y efectiva de cada persona con discapacidad.
La Unión Europea debe impulsar obligaciones de accesibilidad y un enfoque de diseño universal en el desarrollo de todas las políticas públicas que conforman el mercado único, con el fin de garantizar la libre circulación de personas, bienes, productos y servicios sin discriminación, poniendo el foco en la creación de entornos pensados en clave de comunidad.
4. El bien básico de la vivienda debe ocupar un lugar central en la agenda política, legislativa y presupuestaria de la Unión Europea. En particular, ha de garantizarse el derecho a una vivienda digna y adecuada, en el que la accesibilidad y la asequibilidad han de ser parte esencial para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en sus comunidades. La Unión Europea debe promover una Estrategia Europea de Vivienda Inclusiva, que asegure viviendas accesibles, asequibles e inclusivas, así como reservas mínimas de vivienda social ajustada a los requerimientos de las personas con discapacidad. También deben promoverse programas de alquiler accesible y ayudas para la rehabilitación y adecuación de viviendas, especialmente en zonas rurales, para que nadie se vea obligado a abandonar su entorno por falta de vivienda accesible o asequible.
5. Una legislación europea sobre el etiquetado accesible en los productos de consumo básicos, como base para unas políticas públicas de consumo inclusivas que garanticen la protección reforzada a las personas con discapacidad como personas consumidoras en mayor riesgo de exclusión.
6. Una legislación electoral que garantice el voto accesible, independiente y secreto, mediante ajustes razonables como códigos QR en las papeletas, guías en lectura fácil, lengua de signos o Braille, con accesibilidad de todo el proceso: desde los debates, mítines, publicidad, programas electorales hasta los colegios y mesas electorales, asegurando también la participación como miembro de mesa electoral con los apoyos precisos.
7. La creación de una nueva Agencia Europea para la Accesibilidad, consolidando y realzando así la sostenibilidad del Centro AccessibleEU, con dotación, competencias y autoridad suficientes para supervisar, implantar y hacer cumplir la legislación de accesibilidad en todo el Mercado Único. España debe ser la sede de dicho organismo europeo como demostración de su firme compromiso con ese bien social de primera magnitud.
8. Una Estrategia Europea de Empleo Inclusivo que incorpore de manera transversal la perspectiva de la discapacidad en todas las políticas de empleo, formación y transición justa, reconociendo el papel de las entidades sociales y de la economía social como entidades empleadoras inclusivas y generadoras de innovación social.
9. Políticas públicas europeas que tengan en consideración que las mujeres y niñas con discapacidad se enfrentan a formas agravadas de discriminación en todos los ámbitos de la vida, entre ellas la violencia, explotación y abuso. La Unión Europea debe encabezar la toma de conciencia sobre la situación de discriminación múltiple e interseccional y desigualdad de las mujeres y las niñas con discapacidad, madres y cuidadoras, impulsar un sistema de apoyos, específico, flexible y adecuado para cada una de las mujeres con discapacidad, combatir los estereotipos negativos y tabúes contra las mismas, eliminar el enfoque neutro de género en las políticas de discapacidad e impulsar la perspectiva de género en los derechos de las personas con discapacidad.
10. La designación del Año Europeo de las Mujeres y Niñas con Discapacidad como punto de inflexión clave para fortalecer la toma de conciencia sobre la situación específica y derechos fundamentales de esta parte de la población con discapacidad.
11. El impulso activo de la resolución diplomática de los conflictos bélicos, generadores de discapacidad, y la aplicación de políticas inclusivas migratorias para las personas con discapacidad víctimas de guerras, genocidios, persecución política y violencia en esos contextos.
12. Un marco financiero plurianual (MFP) claramente alineado con el mandato inclusivo de la Convención de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. El presupuesto de la Unión Europea no puede ser indiferente ante la exclusión. El próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 debe:
- Condicionar la recepción de todos los fondos europeos al cumplimiento estricto de la accesibilidad universal y los derechos de las personas con discapacidad.
- Reforzar el Fondo Social Europeo (FSE+) como un pilar independiente y robusto, con asignaciones específicas para financiar la desinstitucionalización, la vida independiente, la asistencia personal y el empleo inclusivo.
- Priorizar la Economía Social, reconociendo el papel de las entidades del Tercer Sector de Acción Social y las empresas de inclusión laboral de personas con discapacidad de iniciativa social como agentes estratégicos en la ejecución de fondos europeos, garantizando su acceso directo y simplificado a las convocatorias de financiación, así como su sostenibilidad estructural.
- Garantizar la participación real y vinculante de las organizaciones de la sociedad civil de la discapacidad en el diseño, ejecución y evaluación de todos los fondos.
Los 40 años de España en la Unión nos marcan el único camino posible: blindar lo social como elemento clave para garantizar la calidad y calidez democráticas en Europa. Desde el Movimiento CERMI queremos una Europa social, que es tanto como decir Europa, a secas.
