Según el CERMI, esto es una muestra más de la “exclusión sistemática y estructural” a la que están sometidas las personas con discapacidad en el ámbito del empleo. “La brecha salarial por razón de discapacidad es una realidad permanente que varía poco lo que indica que no hay aún demasiada conciencia de la misma y que no se actúa para erradicar los factores que la desencadenan”, asevera el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno.
La encuesta del INE sobre ‘El salario de las personas con discapacidad. Explotación de la Encuesta Anual de Estructura Salarial 2019 y de la Base Estatal de Personas con Discapacidad. Año 2019’ es “una encuesta muy compleja que muestra realidades diferentes dependiendo de lo que se vaya midiendo”, explica Josefa Torres, presidenta de la Comisión de Inclusión Laboral del CERMI.
En cualquier caso, lo que quiere dejar patente es que “en todos los indicadores, las personas con discapacidad están siempre por debajo”, incluso en los que ofrece este nuevo estudio, con datos del año 2019, que mejora un poco los de 2018: “Hay múltiples factores que podrían explicar esta situación de brecha salarial, incluso siendo este año 2019 mejores que en 2018”.
Según la información difundida por el INE, el salario medio anual bruto de los trabajadores con discapacidad es un 16,1 % menor que en las personas sin discapacidad. Es curioso, sin embargo, que entre hombres y mujeres con discapacidad existe una brecha menor que en el caso de las personas sin discapacidad. Según explica Sabina Lobato, directora de Empleo, Formación, Proyectos y Convenios de Fundación ONCE, esto puede deberse a que “los niveles formativos de las mujeres con discapacidad son mejores que los de los hombres con discapacidad y eso seguramente incide en los salarios”.
Hay muchas matizaciones que hacer en la propia estadística a la hora de interpretarla, porque, como asegura Josefa Torres, “la brecha es un poco más reducida en términos generales si hablamos del salario/hora que si hablamos de salario/bruto; la diferencia en salario bruto es de un 16,1% menos para los trabajadores con discapacidad, pero en salario/hora es un 13,8% menos; también hay diferencias salariales dependiendo del tipo de discapacidad, del tipo de contrato y de la ocupación de la persona…”
Por su parte, Sabina Lobato destaca la idea de que “los salarios están condicionados por el tipo de empleo, y eso lleva a la cualificación”, donde según explica, “la mayor parte de personas con discapacidad se concentran en educación secundaria, ni siquiera en formación profesional y eso incide en que los salarios sean menores”.
Además, existe otra condición que influye en los indicadores de empleo, y es el tipo de trabajo, siendo los empleos del sector de la discapacidad de una cierta precariedad, “no solo para las personas con discapacidad, mucha gente que trabaja en el sector servicios del tipo de limpieza, mantenimiento, etc., están muy sujetas a temporalidad y salarios ajustados, porque al final todas esas empresas que contratan, en muchos casos acuden a licitaciones y se ajustan precios y salarios en función del convenio, el sector, etc.”
Finalmente, en todas las encuestas y análisis sobre el empleo de las personas con discapacidad discapacidad se insiste en la precariedad laboral de algunos sectores más concretos, como son las personas con discapacidad intelectual o con problemas de salud mental, y ese es un reto que el CERMI señala desde hace ya años y queda de nuevo al descubierto en esta encuesta, que refleja que “atendiendo al tipo de discapacidad, los salarios más reducidos correspondieron a los trabajadores con discapacidad intelectual y psicosocial”.
Nuevas políticas de empleo
No existe una solución rápida y fácil al panorama de precariedad laboral que describen de manera insistente estos estudios, pero si el empeño, por parte del CERMI, en reclamar lo que podría suponer una importante mejoría, y que vendría de la mano de nuevas políticas de empleo, como explica Josefa Torres: “El CERMI viene reclamando desde hace mucho tiempo la necesidad de una Ley laboral, que coja lo bueno de lo que hay ahora pero ponga el foco en la realidad actual, el mercado de trabajo que ha cambiado mucho y cómo va a ser el futuro, con nuevas competencias, nuevas actividades económicas, tecnología…”
Insiste esta experta en la necesidad de rediseñar las políticas activas de empleo, “más adecuadas a la realidad actual y al futuro que nos espera”. En muchos casos, explica Torres, “serán necesarias iniciativas específicas, como puede ser la formación en habilidades digitales para cualquier tipo de puesto de trabajo para todas las personas con discapacidad, eso es fundamental, porque el uso de la tecnología va a ser una necesidad en cualquier trabajo, desde los niveles más altos a los más bajos”.
Además, en consonancia con Sabina Lobato, asegura que se deberá poner el foco en las necesidades de apoyo y de otro tipo que puedan plantear las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, que presentan peores datos en el empleo. Y finalmente, “hay que ir dando soluciones más específicas a problemáticas más específicas y huir de fórmulas generalistas; tenemos que poner a las personas en el centro y dar respuestas específicas”, sentencia Josefa Torres.
Por su parte, Sabina Lobato cree que la formación puede ser también un buen camino para reducir las brechas de empleo: “El reto es incrementar el nivel formativo y la especialización y aprovechar las oportunidades de empleo que hay ahora, en los que se paga bien a los trabajadores, como son los empleos del ámbito de la tecnología, y ahí estamos incidiendo ahora mucho con las competencias digitales y profesiones de tecnología en el programa de Fundación ONCE ‘Por talento digital’”.
La paradoja de trabajar y perder dinero
Sin embargo, entiende que existe además lo que denomina ‘el círculo vicioso de los bajos salarios’, y explica así: “Si decides activarte laboralmente y aceptas un trabajo con salario bajo puede darse la paradoja de que pierdas dinero trabajando, porque si trabajas tienes más gastos, la vida de una persona con discapacidad tiene un coste añadido y si además esa persona tenía una pensión que pierde o que ve minorada cuando tiene un trabajo, a veces trabajar con salario bajo y condiciones muy precarias es un desincentivo para la búsqueda de empleo”.
Y en línea con los planteamientos del CERMI, apela “a que se reconsidere el marco político y legislativo de la compatibilidad entre los ingresos por actividad laboral y las prestaciones sociales”. Explica que la posibilidad de actuar en los salarios es muy difícil puesto que depende del sector de actividad, los convenios, etc. aunque al menos ahora, señala aliviada, “ha habido buenas noticias con la subida del SMI, pero en el caso de las personas con discapacidad, con la baja tasa de actividad que tenemos, el reto es considerar la situación de la persona en término de ingresos y la compatibilidad de ingresos por trabajo e ingresos por prestación, y que exista una mezcla de posibilidades y alternativas que permitan que el trabajo no sea un desincentivo”.
Así es, también a juicio de Josefa Torres, que explica que es necesario compatibilizar prestaciones sociales con el empleo, entre otras cosas porque, asegura, “hay un volumen muy importante de personas con discapacidad que lo son por incapacidad laboral y eso requiere una atención particular”.
