La aprobación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE) 2021-2027 puede suponer una noticia de gran relevancia para las personas con discapacidad y su movimiento asociativo, ya que, de responder a nuestras necesidades, promoverá de manera notable una reconstrucción post COVID-19 dirigida a avanzar hacia nuestra plena inclusión y participación activa en la sociedad.
La sociedad civil organizada está trabajando intensamente para que estos citados fondos tengan ese rostro social que permita mejorar la calidad de vida y garantizar los derechos de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, como somos las personas con discapacidad. Para que los fondos europeos tengan rostro social es imprescindible que las administraciones públicas garanticen la participación de las organizaciones del Tercer Sector de forma transversal.
Concretamente, las organizaciones tenemos que participar en la cogobernanza, la evaluación y medición del impacto social, la gestión de los fondos e impacto de la inversión en la situación de las personas, la armonización de los programas para su alineación hacia la discapacidad, la coordinación y generación de sinergias, la visibilidad y puesta en valor, la transparencia y la asistencia técnica.
Es fundamental que las organizaciones de acción social de la discapacidad ocupen el papel que les corresponde en todas las etapas del desarrollo de estos fondos, puesto que contamos con el conocimiento preciso sobre cómo afrontar los principales retos y dificultades que cada día encontramos las personas con discapacidad.
De la misma manera, es necesario mejorar el sistema de evaluación y medición de la inclusión social y su impacto y que el Tercer Sector juegue un papel protagonista en el diseño de este nuevo sistema, haciendo especial hincapié en la discapacidad como concepto clave a considerar en el diseño de indicadores.
Por otra parte, hay que articular un sistema de convocatorias plurianuales que abarque la duración de todo el periodo de programación, que supere el sistema de convocatorias anuales con una visión cortoplacista que contradice la realidad de los procesos de trabajo extendidos en el tiempo y que son imprescindibles para acompañar a las personas en situación de vulnerabilidad para que salgan de ella.
También es conveniente priorizar la admisión de nuevas propuestas que lleven a líneas de inversión conjunta e integrada cuando tenga la meta común de inclusión de personas con discapacidad e incidan en situaciones propias de exclusión.
Otro de los aspectos clave es lograr la cooperación de todos los agentes implicados y diseñar las medidas para garantizar los objetivos transversales: fomentar la igualdad de oportunidades y el enfoque de género; acometer medidas efectivas en la lucha por las discriminaciones de todo tipo; defender el medio ambiente; y apoyar a la digitalización y la accesibilidad para las personas con discapacidad.
En esta línea, hay que lograr una amplia difusión de las buenas prácticas de gestión de los FEIE, así como de su impacto en la mejora social y en la situación de las personas con discapacidad e implementar un plan de formación hacia profesionales de las administraciones públicas y otros agentes clave.
Para garantizar el éxito de estos fondos es necesario mejorar la coordinación y sinergias entre las diversas administraciones públicas implicadas e impulsar el papel de las redes y plataformas en las que nos articulamos las ONG de inclusión social
En definitiva, disponer de unos fondos europeos de reconstrucción con rostro social pasa por dar el máximo protagonismo a las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social a través de sus organizaciones representativas.
