Políticas Sociales y el sector de la Dependencia y Discapacidad llegan a un acuerdo para favorecer la mejora salarial de los trabajadores.
El departamento que dirige Ana Belén Álvarez busca “estimular” un “acuerdo social” entre patronal y sindicatos garantizando un incremento de los precios públicos
La consejera trasladará la propuesta a los grupos parlamentarios para introducir una modificación en la Ley de Derechos y Servicios Sociales que lo haga posible
La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, y los representantes del sector de la Dependencia y Discapacidad que trabajan en Cantabria -las Federaciones de Mayores, FED y LARES; las entidades de Discapacidad, CERMI y Plena Inclusión, así como los agentes sociales CEOE-Cepyme, UGT y CC.OO-, han acordado esta mañana promover una iniciativa parlamentaria para “garantizar por ley” que las actualizaciones salariales que provengan de la negociación colectiva tengan su repercusión en el precio de las plazas concertadas que abona la Administración pública.
“Se trata de que los precios públicos de concertación no sean un freno a la mejora de las condiciones laborales de los y las trabajadoras de la dependencia y la discapacidad”, ha explicado la consejera tras la reunión en la que ha estado acompañada por la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), María Antonia Mora, y por el director general de Políticas Sociales, Julio Soto
“Unas condiciones de trabajo dignas, con mejores salarios, son imprescindibles si queremos profesionalizar el sector de la dependencia, retener el talento y contar con una atención de calidad, centrada en la persona, como la que defendemos desde Cantabria”, ha sostenido Ana Belén Álvarez.
Álvarez ha dicho que es una “buena propuesta”, que “pretende servir de estímulo para que se alcance un acuerdo social para la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras que todos anhelamos; para profesionalizar el sector y con ello, para prestar una atención de la máxima calidad”.
“Queremos incentivar un acuerdo entre patronal y sindicatos para que se lleve a término un incremento de las retribuciones salariales de los y las trabajadoras”, de forma que esa subida salarial se repercuta, de forma equitativa, en el precio que abona la Administración y no suponga ni pérdida de puestos de trabajo ni de atención.
Además, la titular de Políticas Sociales ha apuntado que es una propuesta “de presente y de futuro”, ya que quedaría garantizado por ley para incrementos futuros.
