Desde Amica, aplaudimos la nueva Ley de Economía Social. Entre otras muchos aspectos de la nueva legislación, destacamos la diferenciación entre los centros de iniciativa social frente a los de iniciativa privada, una reivindicación histórica.
La nueva ley actualiza de forma integral las principales normas del sector, impulsa fórmulas innovadoras como la vivienda cooperativa en cesión de uso y amplía el reconocimiento institucional de actores clave del tercer sector.
Supone la inclusión de los centros especiales de empleo de iniciativa social dentro del ecosistema de la economía social, así como su consideración como prestadores de servicios de interés económico general. Además, la norma incrementa la contratación pública reservada para estas entidades y para las empresas de inserción, lo que refuerza su estabilidad y capacidad de crecimiento.
Esta ley es importante porque define de forma más concreta las entidades que entramos en la economía social y facilita un modelo productivo inclusivo que sitúa a las personas en el centro de la actividad económica, hecho que nos diferencia de la empresas de tipo común. El porcentaje de la economía social es clave dentro del tejido de nuestra sociedad, en sentido económico y social. Un paso más para reservar el 7% a la economía social, objetivo por ley de contratos de las administraciones públicas y así, todos los contratos públicos tendrán que priorizar, en caso de posibilidad, a las empresas de inserción y de la economía social.
