Si en la forma de actuar para combatir los determinantes ambientales y los malos hábitos de vida no hay acuerdo político definitivo, en lo que se refiere a otros determinantes sociales de la salud lo hay aún menos, pese a la solidez de la evidencia científica sobre cómo se retroalimenta el círculo enfermedad-pobreza.
Carme Borrell, de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB), explica al respecto que “ numerosos estudios científicos muestran que las desigualdades en salud son enormes y responsables de un exceso de mortalidad y de morbilidad, superior a la mayoría de los factores de riesgo de enfermar conocidos. Por lo tanto, la pobreza, causada por las desigualdades económicas y sociales, repercutirá en la menor salud de la población”.
Según detalla, “en España, a petición del entonces director General de Salud Pública, Ildefonso Hernández, se conformó en el año 2008 una comisión de expertos que elaboró una propuesta de políticas e intervenciones para reducir las desigualdades sociales en salud. En mayo de 2010, la Comisión presentó el documento con 166 recomendaciones que evidenció que la reducción de las desigualdades sociales en salud no es posible sin un compromiso para impulsar la salud y la equidad en todas las políticas y para avanzar hacia una sociedad más justa”.
Sin embargo, advierte que “poco se han tenido en cuenta las recomendaciones de la Comisión: la crisis económica que empezó en 2008 ha tenido impactos en la salud de la población de diversos países europeos. En España hay trabajos que han mostrado un empeoramiento de la salud mental, sobre todo en hombres adultos, y un incremento de la tasa de suicidios.
En esta línea, los pacientes echan también en falta grandes avances en la petición de acabar con el binomio enfermedad-pobreza. Hace ahora un año que la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), presentó unapropuesta para la elaboración de una normativa que proteja la situación de cronicidad, con la voluntad de incluir en dicha norma medidas para garantizar la información de los pacientes y proteger su derecho a la no discriminación así como la protección laboral frente a despidos, como vía para evitar el empobrecimiento, además de asegurar a las personas unos ingresos vitales mínimos.
Los pacientes defendían con su reivindicación la necesidad de romper el círculo enfermedad-pobreza, que provoca mayores tasas de enfermedad entre los más pobres (por su peor alimentación/peor acceso al sistema/menor educación, etc.) y, a la vez, empobrece al enfermo (por mayores costes sanitarios no cubiertos, despidos laborales, etc.), acrecentando el problema.
La POP ilustró el problema explicando que parte de los pacientes crónicos no cuenta con discapacidad reconocida del 33 por ciento ni con dependencia pero sí se enfrentan no sólo a enormes gastos no cubiertos por el sistema en tratamientos como la fisioterapia, psicólogos, etc. sino también a despidos laborales por las continuas bajas laboralesque en ocasiones genera su enfermedad. Por lo que, “desde la POP, como mínimo, defendemos una protección laboral para este colectivo, pues las personas que tienen una enfermedad crónica se encuentran en situación de vulnerabilidad y no están en condiciones de igualdad a la hora de acceder y/o mantener un puesto de trabajo”, explica el presidente de la POP, Tomás Castillo.
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