SAEMA es un Centro Especial de Empleo de iniciativa social dedicado al desarrollo de actividades ambientales en Cantabria. Con esta operación, Repsol Impacto Social, una sociedad participada al 100% por Fundación Repsol, se adentra en el segmento de la economía circular y refuerza su estrategia de desarrollar una red de empresas sociales focalizadas en la transición energética.
Repsol Impacto Social, sociedad participada al 100% por Fundación Repsol, ha adquirido el 35,26% de SAEMA, un Centro Especial de Empleo dedicado al desarrollo de actividades ambientales en Cantabria y cuya actividad principal es la recuperación y reciclaje de envases procedentes del contenedor amarillo.
SAEMA es propietaria y operadora de una planta de selección de envases que realiza el servicio de reciclaje en el área de influencia de la bahía de Santander y la zona oriental de Cantabria.
La compañía mantiene acuerdos con Mare, empresa dependiente del Gobierno de Cantabria que se ocupa de la gestión de tareas medioambientales; la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander. Además del reciclaje, SAEMA cuenta con otras líneas de negocio como la gestión de residuos, dirigido a entidades y empresas, el punto de recogida selectiva, el mantenimiento de espacios verdes y jardinería, la divulgación ambiental y la destrucción de papel confidencial, todos ellos con perspectiva de crecimiento.
La actividad de esta empresa genera un doble impacto: social, al proporcionar empleo a personas con discapacidad, y medioambiental, a través de la reducción de emisiones de CO2. SAEMA cuenta con 115 personas contratadas, de las cuales un 78% tiene alguna discapacidad y a las que se proporciona un itinerario de inserción laboral personalizado. En cuanto al impacto medioambiental positivo, su actividad logra una reducción de emisiones de CO2 mediante tres vías: el reciclaje de envases, papel y cartón, disminuyendo el consumo de materias primas; la reducción de la tala de árboles, lo que incide en una mayor absorción de CO2 por los árboles no talados; y mediante el uso de placas solares para generar energía en el centro.
Para Repsol Impacto Social esta operación supone la entrada en el sector de la economía circular y refuerza su estrategia de desarrollar una red de empresas sociales enfocadas en la transición energética y en la generación de oportunidades profesionales para colectivos vulnerables.
El mercado del reciclaje, aunque con diferencias según las comunidades autónomas, está en auge en España, con una tasa de crecimiento en volumen superior al 9% entre 2018 y 2019 para residuos del contenedor amarillo, según datos de Ecoembes.
Repsol Impacto Social
Hace un año, Fundación Repsol creó Repsol Impacto Social, una sociedad cuyo objetivo es apoyar el desarrollo de empresas en España y Portugal que contribuyan al reto global de la transición energética y a la inclusión de colectivos vulnerables. Los segmentos de actividad de estas empresas son la reducción de emisiones, la movilidad sostenible, la economía circular, la eficiencia energética y los productos y servicios Eco.
La adquisición de una participación en SAEMA es la cuarta operación desde el lanzamiento de Repsol Impacto Social, que ya ha entrado en el accionariado de tres empresas para impulsar su crecimiento: Sylvestris, especializada en reforestaciones; Koiki, dedicada al reparto sostenible; y GNE Finance, centrada en proveer soluciones integrales para la rehabilitación de viviendas urbanas.
La nueva participada de Repsol Impacto Social es propiedad de Amica, una asociación con 36 años de historia y referente en el desarrollo de actividades socioambientales, cuya misión es descubrir las capacidades que hay en cada persona para que logre ser la protagonista de su vida y del cambio social necesario. Además de SAEMA, cuenta con otros dos Centros Especiales de Empleo, uno dedicado a la actividad de lavandería y confección, y otro a actividades agrícolas para la conservación del medio natural y el desarrollo rural. En total, Amica tiene 550 empleados, de los que más del 70% tiene contrato indefinido y más del 75% son personas con discapacidad.
