Fuente: Cermi.es
El sector insiste en la necesidad de contar con una normativa para la autorización y acreditación de Servicios Sociales destinados a la atención de personas con discapacidad
El Comité de Entidades representantes de Personas con Discapacidad de Cantabria (CERMI Cantabria), junto a Amica, AMPROS, ASCASAM, ASPACE Cantabria, Fernando Arce y la Fundación Síndrome de DOWN trasladan su preocupación por la grave situación que viven estas organizaciones desde hace años, y particularmente desde los recortes aplicados en el año 2012, y su gran inquietud por la situación actual.
Así, lo han trasladado en una rueda de prensa celebrada hoy en la sede de esta organización en Santander en la que han participado Mar Arruti, Presidenta de CERMI Cantabria, junto a los máximos representantes de las distintas entidades.
Arruti ha manifestado que ya en enero CERMI Cantabria trazó una hoja de ruta para avanzar hacia un pacto político global que promueva un modelo de servicios sociales de calidad para las personas con discapacidad, centrado en la persona y destinado a promover su autonomía personal, ejercicio de derechos y participación en la comunidad, basado en una normativa que garantice la sostenibilidad de forma estable y progresiva.
Esta ruta incluía reuniones con representantes del Gobierno y de la comisión de discapacidad del Parlamento de Cantabria, con planteamientos a corto, medio y largo plazo para garantizar de forma inmediata la sostenibilidad de los centros que prestan apoyos a personas con discapacidad en nuestra comunidad autónoma.
“La insuficiente financiación de estos servicios constituye una carencia histórica por la que se obliga a las entidades a compensar el déficit de financiación pública, de una plaza que es pública, con cargo a su gestión y recursos, circunstancia que se revela totalmente injusta y lesiva cuando se pone de manifiesto que para la Administración Pública, asumir directamente estos servicios, supondría un coste más de tres veces superior al presupuesto que destina a nuestras entidades de economía social por la misma tarea”, ha manifestado Antonio Ruiz, expresidente de CERMI en su intervención.
Ruiz ha asegurado que “aún cuando los Presupuestos Regionales aprobados durante esta Legislatura han experimentado notables incrementos en sus partidas sociales que consideramos muy necesarios y satisfactorios, -pasando de los 210.612.702 € presupuestados en 2015 a 230.204.778 € en 2018-, ninguno de los incrementos ha ido destinado a la necesaria mejora de la financiación de las plazas públicas concertadas con nuestras organizaciones y que forman parte de la Red del Sistema Público de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria: más de 1000 plazas en Servicios de Centro de Día, Ocupacional, de Rehabilitación Psicosocial y Servicios de Atención Residencial . Algo más de 4.300.000 € son los que desde 2012 los Gobiernos han dejado de abonar por la prestación de los servicios al conjunto de estas entidades, debido como se ha dicho a los recortes y a la no aplicación del IPC en estos años.
Compromisos incumplidos
“Nuestras organizaciones han planteado de forma conjunta a los Gobiernos de las tres últimas Legislaturas el déficit de sostenibilidad de los servicios, y siempre se ha sustentado en argumentos técnicos de peso, reflejados incluso en estudios propios publicados en el ámbito nacional, que avalan la necesidad de ordenar de forma coherente con los recursos disponibles, los servicios sociales de atención a las personas con discapacidad en Cantabria, reivindicación que siempre hemos presentado desde un enfoque constructivo y colaborador, basado en tres valores fundamentales que compartimos: la unidad, la transparencia y la confianza”, trasladó Arruti, Presidenta de CERMI Cantabria.
También destacó que se han desarrollado varias jornadas de trabajo conjuntas con representantes de las Juntas Directivas y órganos de gestión de las entidades cuyos resultados se han analizado en las diferentes reuniones con nuestros representantes políticos. “Es necesario dar respuesta a la grave situación que venimos arrastrando y cada día que pasa sin resolverse agrava más la sostenibilidad de las entidades y con ello la estabilidad de las plazas”, ha comentado.
Situación urgente
La primera reunión se mantuvo con el Presidente y Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria a comienzos del mes de febrero, recibiendo con satisfacción el sector el compromiso del Gobierno de publicar una Orden de actualización de precios públicos de forma inmediata, para dar respuesta a la situación urgente de sostenibilidad de las entidades, disponiendo para ello de un presupuesto de 700.000 € y el planteamiento de continuar con el trabajo orientado a contar con una normativa de acreditación, cuya propuesta final se comprometieron a enviar. Ante la falta de noticias tras la reunión, CERMI Cantabria reitera la solicitud de publicación urgente de la actualización de precios con una propuesta concreta de subida del 8% (correspondiente a parte de recuperación de recortes del 2012 y actualización de IPC desde 2013) y una vez más se traslada la disposición a seguir trabajando en la normativa.
El segundo encuentro se produce el 14 de febrero con las Direcciones generales del ICASS y Política Social, que anuncian la publicación de una Orden de precios con una actualización del 3%. Por parte de CERMI Cantabria y sus entidades se valora positivamente la actualización inmediata, a pesar de que un 3% no solucione la situación, pero a fecha de hoy, 20 días después sigue sin publicarse. Por ello, se reitera la necesidad de la publicación urgente y que se aplique con efecto retroactivo desde enero.
Otro tema que se anunció en esta última reunión fue la paralización de la normativa, lo cual ha sorprendido y preocupado especialmente al sector que ha trabajado con los diferentes Gobiernos de las últimas legislaturas, haciendo aportaciones para avanzar hacia un modelo de calidad de vida y planificación centrada en la persona como comentó Roberto Álvarez, expresidente de CERMI Cantabria. Es preciso contar con una normativa para la autorización y acreditación de Servicios Sociales destinados a la atención de personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria, junto con una Memoria Económica que recoja de modo objetivo y real la estructura de costes de los Servicios, ordenados.
Pacto político global
“Todo ello en el marco de un pacto político global, que permita resolver este tema de forma ordenada y planificada hacia el futuro, con objeto de dar coherencia entre la calidad de la atención y los recursos aplicados, manteniendo para ello un modelo normativo estable y progresivo, concretó.
