l CERMI ha reclamado al Estado que repare y compense a las víctimas de esterilizaciones forzosas o no consentidas, mientras esta práctica aberrante fue legal en España.
Así lo ha planteado la plataforma de la discapacidad en su documento de propuestas a la consulta pública previa a la elaboración de un proyecto normativo consistente en la modificación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, abierta por el Ministerio de Igualdad.
El CERMI propugna que la legislación en preparación prevea, de forma expresa, el mandato al Gobierno para que, en el plazo de un año desde la promulgación de esta nueva Ley, se establezcan medidas públicas de reparación y compensación, incluidas las indemnizatorias, a las personas con discapacidad, particularmente mujeres, incapacitadas judicialmente víctimas de esterilizaciones forzosas, que restaure el enorme mal causado y reponga a estas personas en toda su integridad y dignidad.
El CERMI también plantea a Igualdad que la nueva legislación deberá incluir el desarrollo de las previsiones establecidas en la Ley Orgánica 2/2020, de 16 de diciembre, de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, a fin de reforzar que las mujeres, niñas y adolescentes con discapacidad que precisen de apoyos humanos y materiales, incluidos los tecnológicos, cuenten con la información necesaria y la documentación clínica en formatos, canales y soportes accesibles para que la decisión que adopten en su calidad de pacientes sea libre e informada, y para reforzar la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. Estas materias están pendientes de desarrollo legal y deben ser abordadas en esta nueva regulación en curso, afirma el CERMI en su documento de propuestas.
