- Ayer la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, anuncio que con motivo de la conmemoración del Día Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que se celebra cada 3 de mayo, el Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Española de Discapacidad 2022-2030.
- Compartimos noticia de CERMI estatal explicando que implicaciones tiene y cuales son sus contenidos principales:
El Consejo de Ministros aprobó este martes la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, concebida como “una hoja de ruta ambiciosa y posibilista” para que el Estado participe en la consecución efectiva de los derechos humanos de las personas con discapacidad y de sus familias.
Con esta Estrategia, “España sigue la estela de la Unión Europea, que acaba de adoptar un marco similar para el periodo 2021-2030”. Según indicó, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el objetivo de ambas herramientas es que la inclusión sea una política comunitaria y también una política de Estado.
La nueva Estrategia Española sobre Discapacidad se enmarca dentro del Plan de Transformación y Resiliencia España Puede, y consistirá en la puesta en marcha de un programa ambicioso de reformas para asegurar el acceso, goce y disfrute efectivo de sus derechos por parte de las personas con discapacidad.
En definitiva, estos fondos se destinarán a reparar y a ampliar derechos en ámbitos clave como el acceso a servicios públicos, la vivienda, la educación, la salud o la cultura, a fin de contribuir a la generación de oportunidades y nuevos yacimientos de empleo para este grupo de personas, apuntan desde el Ministerio.
De acuerdo con las directrices de la Agenda 2030, la nueva estrategia se concibe desde un “enfoque interseccional y con perspectiva de género”, para “saldar una deuda con las mujeres y niñas con discapacidad”, y responde también a otros desafíos transversales, como la emergencia climática y el reto demográfico.
Por otro lado, esta herramienta nace con el fin de “dar voz, empoderar y apoyar a las personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo” en las políticas públicas y para que las personas con discapacidad psicosocial “la vean como elemento de orientación hacia sus derechos humanos.
DIÁLOGO CIVIL
Desde un principio, la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad ha procurado que la elaboración de esta estrategia se sustentase al máximo en el diálogo civil y en la participación de las personas con discapacidad, sus familiares y organizaciones representativas.
Para ello, se puso en marcha una consulta pública abierta a la participación de todos los ciudadanos interesados. También se llevaron a cabo grupos de discusión con expertos, personas con discapacidad y familiares, y se realizaron entrevistas en profundidad a hombres y mujeres con grandes necesidades de apoyo.
Además, recoge la experiencia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, responsables cotidianos de estas políticas; se apoya en los estudios del Observatorio Estatal de la Discapacidad; analiza la legislación española, europea e internacional referida a las personas con discapacidad, y parte de las recomendaciones de Naciones Unidas basadas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Asimismo, esta estrategia examina los distintos actores que intervienen en la promoción de iniciativas y políticas a favor de las personas con discapacidad. Empieza por el propio tejido asociativo de personas y familias, agrupado en su mayoría en el Comité Español de representantes de Personas con Discapacidad (Cermi); la Administración central, las comunidades autónomas y los entes locales, y continúa por los organismos específicos, como la Dirección General de los Derechos de las Personas con Discapacidad o el Real Patronato sobre Discapacidad, sin olvidarse de los demás departamentos ministeriales y autonómicos que, de forma trasversal, desarrollan políticas que afectan al colectivo (vivienda, educación, empleo, sanidad…).
IGUALDAD
La Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 contempla tres asuntos clave: igualdad de género y enfoque feminista, ruralidad y reto demográfico y personas con grandes necesidades de apoyo.
De este modo, busca impulsar medidas para promover la igualdad de aquellos grupos de personas que, además de su condición de discapacidad, se enfrentan a discriminaciones cruzadas, como pueden ser las mujeres y las niñas, las personas que viven en el mundo rural y quienes precisan de apoyos de gran intensidad para satisfacer sus necesidades.
Se organiza en torno a siete retos estratégicos: ciudadanía activa y pleno ejercicio de derechos; inclusión social y participación; autonomía personal y vida independiente; apoyo a las familias; igualdad y diversidad; accesibilidad y diseño para todos, y cohesión territorial, datos y estadísticas, gobernanza y diálogo civil, liderazgo y cooperación, innovación y digitalización, y desarrollo sostenible.
Estos se agrupan a su vez en dos “ejes principales”, que son el eje motor y el eje transversal. El primero se refiere a la ciudadanía activa y al pleno ejercicio de los derechos humanos, y contiene cuatro ejes distintos, cada uno con objetivos concretos: inclusión social y participación; autonomía personal y vida independiente; igualdad y diversidad, y diseño y accesibilidad universal.
Por otro lado, el eje transversal abarca la perspectiva de género, la cohesión territorial, los sistemas de información, gobernanza y diálogo civil y la innovación y el desarrollo sostenible.
Entre sus principales objetivos, destacan la puesta en marcha de medidas para asegurar el acceso y la igualdad de oportunidades en el ejercicio de derechos básicos como la salud y la educación (garantizar el acceso a la información médica y a todos los servicios, apostar por una educación inclusiva y de calidad; avanzar en atención temprana, y mejorar los protocolos de derivación entre sanidad, educación y servicios sociales); la promoción de todos los apoyos precisos para que las personas con discapacidad elijan dónde quieren vivir y permanezcan en la comunidad (fomento de la asistencia personal, impulso a la desinstitucionalización,promoción de viviendas accesibles y asequibles…), y reducción de la pobreza entre el colectivo.
Llama también a los poderes públicos a facilitar el acceso e igualdad de trato de estas personas en la administración de justicia; favorecer su acceso al empleo; acabar con las discriminaciones por razón de sexo, edad, raza o procedencia de las personas con discapacidad; remover obstáculos que perjudican de forma especial a las personas con discapacidad que viven en el medio rural o que tienen grandes necesidades de apoyo; facilitar su participación en los asuntos públicos; tener en cuenta la perspectiva de la infancia con discapacidad; garantizar la igualdad en el acceso a los servicios en todo el territorio nacional; disponer de datos y estadísticas con información desagregada sobre discapacidad, a fin de mejorar el desarrollo y evaluación de las políticas públicas; impulsar la colaboración, seguimiento y evaluación de las políticas y de las ayudas provenientes de fondos nacionales o europeos que afectan a las personas con discapacidad; y fomentar la accesibilidad universal y el diseño para todos, también en el mundo digital (eliminación de barreras, accesibilidad de las plataformas ‘online’ de formación, aumentar las obligaciones de subtitulado y audiodescrpción en los contenidos audiovisuales, promover la lectura fácil…).
A través de esta estrategia, el Ministerio de Derechos Sociales defiende regular por ley que los fondos derivados de infracciones y sanciones de la ley general de los derechos de las personas con discapacidad se destinen a programas y actuaciones de accesibilidad de los servicios públicos, y apuesta por la creación de centros estatales de referencia sobre accesibilidad cognitiva y autismo, además de por la constitución de la Comisión Nacional Braille como instancia oficial de referencia para la fijación de normas de uso y desarrollo del sistema braille de lectoescritura.
EVALUACIÓN
La línea temporal de la estrategia es amplia (2022-2030) y requiere de un proceso de seguimiento continuo y paralelo a la implementación de las acciones previstas, que permita conocer su evolución de acuerdo con lo planificado y el cumplimiento de los objetivos previstos.
Además, el amplio alcance de la estrategia y su carácter transversal hacen necesaria una planificación exhaustiva del sistema de seguimiento, que determine la información que será necesario recoger, la periodicidad con la que se recogerá, los actores involucrados, sus responsabilidades y los productos que se generarán y que permitirán reorientar las actuaciones, rendir cuentas a la ciudadanía y generar aprendizaje.
Con el fin de hacer un seguimiento de la implementación de los objetivos y medidas contemplados en la Estrategia, se realizarán informes de progreso bienales, que reportarán sobre las acciones desarrolladas en el periodo de dos años anteriores y las acciones previstas en los dos próximos.
El propósito es realizar un seguimiento de lo realizado y una previsión de la programación a futuro en el mismo acto. Teniendo en cuenta el marco temporal en el que se desarrollará la Estrategia, se efectuarán de tres informes de progreso y una evaluación final.
