La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 de Naciones Unidas debe ser el marco de referencia y prescripción de todas las políticas públicas y legislación de discapacidad en España, en el plano estatal, en el autonómico y en el local, pues consagra el único enfoque admisible para abordar esta realidad, el de derechos humanos.
Así se ha expresado hoy el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, en la apertura de la jornada de trabajo e intercambio con el personal de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad y del Real Patronato sobre Discapacidad, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
La Convención de la Discapacidad no debe ser solo inspiradora de las políticas y las legislaciones internas, sino que ha de ser y de hecho es imperativa y no puede resultar ignorada u orillada por los poderes públicos nacionales, como si fuera factible elegir qué les obliga y qué no de ese tratado internacional.
La Convención de la ONU de 2006, han enfatizado el presidente del CERMI, ha de ser invocada y convocada siempre, en la formulación de la acción pública en materia de discapacidad, pero sobre todo ha de ser puesta en práctica. No es un horizonte al que se debe tender, que también, sino una exigencia y un requerimiento permanentes.
Frente a los mandatos de la Convención, algunos muy radicales en el mejor sentido de la palabra, habrá siempre resistencias, excusas, negativas o lo que es peor palabras retóricas de aceptación, pero reservas mentales e inacción para darles cumplimiento, indicó el presidente del CERMI.
Los centros y organismos rectores de las políticas de discapacidad en el Estado, como la Dirección General y el Real Patronato, han de ser en la esfera gubernamental los bastiones de impulso y defensa de la Convención, y en esa tarea, tendrán siempre de aliado al movimiento asociativo de la discapacidad, concluyó Pérez Bueno.
