La Fundación CERMI Mujeres (FCM) denuncia la situación en la que se encuentran miles de mujeres con discapacidad en España víctimas de la violencia machista o “en serio riesgo de sufrirla”, así como el desamparo del sistema judicial, que “deja fuera precisamente a quienes se hallan en una situación de mayor vulnerabilidad y, por lo tanto, corren un mayor riesgo de ser víctimas de violencia”.
Así lo declara la entidad, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre, en un manifiesto que ha publicado en el que se recogen las principales reivindicaciones de las mujeres y niñas con discapacidad.
Tal y como señalan, en el contexto de la pandemia provocada por la Covid-19, las políticas de emergencia llevadas a cabo contra la violencia hacia las mujeres “han olvidado una vez más” a las mujeres con discapacidad en términos de acceso a la justicia, un principio básico del Estado de derecho e instrumento “esencial” para ejercer de manera efectiva los derechos humanos, así como resarcir y reconocer a las víctimas y hacer frente a la discriminación y la violencia.
“Las mujeres con discapacidad seguimos enfrentándonos a un sistema judicial tremendamente patriarcal y capacitista, con inercias fuertemente arraigadas que impiden romper paradigmas excluyentes que se aplican en los razonamientos de las resoluciones judiciales y quedan plasmados en los procedimientos formales, claramente inaccesibles y que no contemplan los ajustes razonables exigibles legalmente”, explican desde la FCM.
En concreto, la entidad se refiere no solo a las dificultades a las que se enfrentan las mujeres con discapacidad en materia de accesibilidad o a la falta de ajustes de procedimientos o inaccesibilidad a la asistencia letrada, sino también a “las barreras mentales que jueces, fiscales, especialistas en derecho y personal policial imponen en su práctica profesional a las pocas mujeres con discapacidad que se animan a denunciar la violación de sus derechos ante la justicia”.
En este sentido, aseguran que el personal judicial “a menudo es reacio a dar crédito a los testimonios de las mujeres con discapacidad”, del mismo modo que tampoco suele abrir causas de violencia contra ellas, ya que este trámite puede exigir más recursos “dada la necesidad de cerciorarse de la capacidad de la víctima de consentir y prestar testimonio o por ser parte de una minoría lingüística y cultural como en el caso de las mujeres sordas o sordociegas”.
“El formalismo excesivo en los procesos, acompañado de un lenguaje diferente y específico que resulta lejano y desconocido para la mayoría de la ciudadanía, colaboran a alejar los procedimientos legales del entendimiento del común de las mujeres con discapacidad, y más aun de aquellas que presentan una discapacidad intelectual o psicosocial”, sostienen desde la FCM.
En este mismo sentido, señalan el coste de la representación y el asesoramiento jurídico como otros de los principales obstáculos para el acceso a la justicia, pese a que son “un componente central de las estrategias” destinadas a ello y aun cuando en España está reconocido el acceso a la justicia gratuita para algunos casos concretos.
PRINCIPALES REIVINDICACIONES
En este contexto, la Fundación CERMI Mujeres desgrana en su manifiesto una serie de reivindicaciones destinadas a que se cumplan íntegramente los derechos de las mujeres con discapacidad en relación al acceso a la justicia y la violencia contra ellas.
Por un lado, ante la falta de datos concretos que reflejen cómo afecta la violencia contra las mujeres específicamente con discapacidad, reclaman la puesta en marcha de una macroencuesta “a fin de conocer el estado de situación real y poder diseñar y ejecutar políticas públicas adecuadas que den respuesta a este grave problema”, así como el impulso de campañas y materiales informativos de sensibilización.
Asimismo, exigen que se garantice el acceso a la justicia de las mujeres y niñas con discapacidad, asegurando la plena accesibilidad de todas las garantías procesales, incluso mediante ajustes de procedimiento adecuados a la edad, el acceso a la información y a la comunicación y a la asistencia humana y tecnologías de apoyo que elijan las mujeres con discapacidad en sus relaciones con el sistema de justicia.
En esta misma línea, otro de los reclamos de la FCM pasa por la puesta en marcha de acciones de formación a todos los actores judiciales “para eliminar barreras simbólicas, prejuicios e ideas preconcebidas en torno a las mujeres con discapacidad”.
Otra demanda se centra en que los turnos de oficio especializados en protección jurídica de las personas con discapacidad, así como los especializados en violencia de género tengan en cuenta las violencias múltiples o interseccionales a las que se enfrentan las mujeres con discapacidad.
La FCM exige además que se garantice la plena inclusión y accesibilidad de todos los programas y servicios especializados en la atención a mujeres víctimas de violencia, así como la formación de su personal en las especificidades de la discapacidad en relación con la violencia machista;
Por último, consideran relevante el desarrollo de protocolos de actuación interinstitucional y la implantación de la figura de la asistencia personal en el ámbito de la violencia contra las mujeres con discapacidad, con el objetivo de evitar la victimización secundaria de las mujeres con discapacidad.
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