Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las mujeres y niñas con discapacidad conmemoramos esta fecha trasladando a la opinión pública nuestra preocupación por el sistemático incumplimiento de los derechos de las mujeres en todo el mundo y muy especialmente por la exclusión en la que vivimos las mujeres con discapacidad y los obstáculos existentes para poder tomar decisiones sobre cuestiones que afectan a nuestras vidas.
La participación y el liderazgo de las mujeres es ante todo un derecho humano básico que debe ser garantizado con el fin de asegurar el ejercicio del resto de los derechos humanos y libertades fundamentales sin excepción: educación, empleo, salud, derechos sexuales y reproductivos, vida en la comunidad, relaciones familiares, participación política, empoderamiento económico, acceso a la justicia, incluyendo el derecho que tienen las niñas con discapacidad a ser escuchadas y a expresar su opinión sobre los asuntos que les atañen.
Tanto la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer como el Objetivo N.º 5 de la Agenda 2023, centrado en alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, reconocen que las mujeres tienen derecho a participar en las mismas condiciones que los hombres en todos los niveles y en todos los aspectos de la vida pública y la toma de decisiones.
Sin embargo, la participación de las mujeres está en muchas ocasiones circunscrita a áreas claramente feminizadas, y en nuestro caso, demás a ámbitos vinculados a la discapacidad, sin que se nos reconozca nuestra agencia como mujeres. Esto supone que los compromisos de promover la igualdad entre mujeres y hombres en las estructuras formales de representación y en la toma de decisiones no llegan a cumplirse, ya que por regla general las mujeres continuamos estando subrepresentadas. Esta situación es más preocupante cuando hablamos de la participación en la toma de decisiones de las mujeres con discapacidad, debido a la multitud de barreras y obstáculos que tenemos que vencer.
En muchos países del mundo siguen vigentes leyes cuyo objetivo último es despojarnos de nuestra capacidad para ejercer nuestros derechos y poder tomar decisiones sobre nuestras propias vidas. No debemos olvidar que hasta fechas bien recientes se consideraba que estas restricciones, articuladas en torno a la incapacitación judicial eran ‘medidas que nos protegían’ sin tener conciencia de la flagrante violación de derechos humanos que su aplicación en realidad suponía. Pensemos en las miles de mujeres que han sido incapacitadas en como requisito previo para ser esterilizadas sin su consentimiento. Esto es solo una pequeña muestra de lo que ha pasado en nuestro país y que ha lastrado la vida de tantas y tantas mujeres con discapacidad.
En este contexto especialmente preocupante es la situación de las mujeres y niñas con discapacidad psicosocial, intelectual, sordoceguera u otras dificultades para la comunicación y aquellas que están todavía institucionalizadas o incapacitadas legalmente.
Pero… ¿qué han supuesto estos mecanismos de sustitución de la voluntad en la práctica? Pues que se ignoren nuestras opiniones y se sustituyan por decisiones adoptadas por otras personas, incluidas aquellas que ejercen de representantes legales, proveedores de servicios, tutores, tutoras y miembros de la familia.
La denegación histórica y sistemática del derecho a tomar nuestras propias decisiones es un reflejo de los estereotipos discriminatorios y nocivos que siguen vigentes contra nosotras y pone en evidencia la incapacidad de la sociedad, y en muchos casos de las familias, de comprender y respetar nuestra dignidad como mujeres y niñas, como personas, en suma.
Reconocernos como protagonistas únicas de nuestras propias vidas exige no solamente la puesta en marcha de acciones de formación, información y empoderamiento acerca de nuestros propios derechos, sino también una ardua tarea de denuncia y de concienciación de toda la sociedad en general a fin de desaterrar paradigmas capacitistas y machistas contrarios a los derechos humanos.
Por todo ello en este 8 de marzo las mujeres con discapacidad EXIGIMOS:
– Que se lleve a cabo una aplicación empoderante del sistema de apoyos para la toma de decisiones en aplicación de la Ley 8/2021, que supere el modelo paternalista de la legislación anterior, fijando para ello las ayudas, servicios y asistencias que las mujeres precisemos en todos los ámbitos de la vida, respetando, en todo caso, nuestro derecho a decidir, así como nuestra voluntad y preferencias.
-Que las reformas que se acometan a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia tomen en consideración la vertiente emancipatoria de la autonomía personal, impulsando medidas, recursos y servicios que faciliten a las mujeres con discapacidad poder tomar nuestras propias decisiones.
-Que unida a la erradicación de la esterilización forzosa de nuestro ordenamiento jurídico, se arbitren acciones encaminadas a informar y formar a las mujeres con discapacidad acerca de su salud y sus derechos sexuales y reproductivos con el objetivo de garantizar la toma de decisiones en este ámbito.
-Que se adopten políticas públicas para el acceso al mercado laboral que permitan reforzar nuestra autonomía a la hora de adoptar decisiones que nos afectan. Esto implica, entre otras cosas, proceder a la revisión del marco de incentivos establecidos con carácter general para el fomento de la contratación de personas con discapacidad, en el sentido de elevar para el caso de mujeres con discapacidad, así como las que tiene intensas necesidades de apoyo dichos en un 40 %, de forma que se dé preferencia a su contratación.
-Que se adopten medidas especiales de carácter temporal y ajustes razonables para mejorar nuestra participación en la toma de decisiones, ofreciéndonos herramientas y mecanismos accesibles para que podamos participar de manera plena, libre, igualitaria e inclusiva. Esto implica la promoción de organizaciones de mujeres y niñas con discapacidad como mecanismo para posibilitar nuestra participación en la vida pública.
-Que los poderes públicos colaboren con las organizaciones que representan a las mujeres y niñas con discapacidad a fin de garantizar nuestra participación directa en todos los procesos de adopción de decisiones en el ámbito público, en un entorno seguro, sobre todo en lo que atañe a la elaboración de políticas relativas a los derechos de las mujeres y la igualdad de género, y la violencia de género contra las mujeres, lo que comprende la violencia sexual y los abusos sexuales.
-Que la futura Recomendación núm. 40 del Comité CEDAW centrada en la representación igualitaria e inclusiva de las mujeres en los sistemas de toma de decisiones tome en consideración a las mujeres con discapacidad.
¡NADA SOBRE NOSOTRAS SIN NOSOTRAS!
