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Conmemorando el 30 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que ha supuesto un hito fundamental para el reconocimiento de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el mundo, particularmente de aquellas que viven con una discapacidad;
Tomando nota de que, pese a la conmemoración del 25 aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujer, Paz y Seguridad, las mujeres y niñas siguen siendo utilizadas como instrumento de guerra y sometidas a condiciones de apartheid de género en muchas zonas del mundo, sufriendo violencia sexual extrema, trata y explotación, desplazamientos forzados y otras violaciones graves y sistemáticas de sus derechos humanos, lo que en muchos casos además les provocan discapacidades físicas y psicológicas permanentes;
Preocupadas por que, a 5 años vista del logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, las mujeres y niñas con discapacidad están lejos de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 5 sobre igualdad de género y sus metas específicas;
Observando que, pese a que la Unión Europea ha adoptado la Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, y ha ratificado el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), no se dispone de datos sobre la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, ni se han tipificado como delito las prácticas nocivas que en muchos casos sufren por razón de sexo y discapacidad;
Celebrando la mención específica a las mujeres y menores con discapacidad en la Constitución Española, tras la reforma de su artículo 49, lo que ha sido un hito histórico sin precedentes en ninguna otra constitución del mundo;
Aplaudiendo el reciente consenso político mayoritario para sacar adelante la aprobación de un nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que refuerza medidas de prevención, atención y reparación a las víctimas, y que toma en consideración la situación específica de aquellas que tienen o adquieren una discapacidad como consecuencia de tal violencia,
LA FUNDACIÓN CERMI MUJERES, COMO EXPRESIÓN ORGANIZADA DE LAS VOCES DE LAS MUJERES Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD DE ESPAÑA, DENUNCIA
Que las mujeres y niñas con discapacidad se siguen enfrentando a formas agravadas de discriminación en todos los ámbitos de la vida, como indican los datos oficiales siguientes:
Total de mujeres con discapacidad en España: 2.570.600.
– Laboralmente activas: 34 %;
– Paradas: 20,7 %;
– Laboralmente inactivas: 76 %;
– Salario medio anual: 20.193€;
– En situación de pobreza severa: 14 %;
– Sin ingresos por trabajo o prestaciones: 22,4 %;
– En carencia material y social severa: 13 %;
– Analfabetas: 6,9 %;
– Que disponen de los apoyos que precisan para su educación: 52,6 %;
– En infravivienda o en vivienda con carencias graves de construcción y salubridad: 10,1 %;
– Sin los tratamientos médicos que precisa: 7 %;
Institucionalizadas:2 de cada 3 personas que residen en una institución;
– Víctimas de violencia, trata y explotación: no se conoce.
Estos datos reflejan la urgencia de adoptar medidas eficaces que garanticen la igualdad y la protección de las mujeres y niñas con discapacidad.
POR TODO LO CUAL, EXIGIMOS:
- Una Ley de Reconocimiento, Reparación e Indemnización a las Víctimas de Esterilización Forzada o No Consentida Incapacitadas legalmente por Razón de Discapacidad, garantizando justicia y reparación para quienes fueron esterilizadas bajo sentencia judicial entre 1989 y 2020;
- Investigar y enjuiciar todos los casos de prácticas nocivas contra mujeres y niñas con discapacidad, como esterilizaciones no consentidas, embarazos forzados, abortos coercitivos, tratamientos involuntarios de anticoncepción y matrimonios o uniones de hecho forzados;
- En línea con la reforma constitucional del artículo 49, una reforzada consideración de las mujeres y niñas con discapacidad en la legislación y en la política pública, especialmente en materia de igualdad de género, de discapacidad y de infancia, respectivamente, tanto en el nivel estatal como autonómico, con medidas transformadoras definidas a partir de objetivos claros, indicadores precisos, un cronograma factible y una dotación presupuestaria suficiente;
- En el marco del nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, llevar a cabo una auditoría inmediata de accesibilidad en los niveles estatal, autonómico y provincial de los centros y servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual, de los juzgados especializados y de las campañas y materiales informativos de sensibilización, con un plan urgente de accesibilidad dotado de presupuesto suficiente, que contenga plazos claros para asegurar la disponibilidad de tales recursos a las víctimas con discapacidad;
- Garantía de plena accesibilidad de un centro de referencia para la violencia sexual y de un hogar de acogida para las víctimas de violencia de género en cada provincia, los cuales deberán satisfacer las necesidades específicas que presenten las mujeres y niñas con discapacidad y las madres y cuidadoras de personas con discapacidad;
- Desarrollo, de una vez por todas, de una Macroencuesta específica a escala estatal sobre la violencia de la que son objeto las mujeres y las niñas con discapacidad, dentro y fuera del hogar, y en instituciones residenciales, que permita hacer un diagnóstico efectivo y diseñar una política pública adecuada para combatirla, con medidas para la prevención, protección, detección, atención y rehabilitación y recuperación de las víctimas.
- Dotación de recursos de accesibilidad a todos los juzgados de violencia contra la mujer y a los juzgados de menores, garantizando la plena accesibilidad y atención adecuada de sus instalaciones, procedimientos y servicios;
- Formación a mujeres y niñas con discapacidad, así como a madres y cuidadoras de personas con discapacidad, particularmente en zonas rurales y en instituciones residenciales, sobre los recursos legales disponibles para denunciar violaciones de sus derechos, empoderándolas para presentar denuncias, acceder a la asistencia legal gratuita y beneficiarse de la reparación a las víctimas.
¡Yo sí te creo!
