Fuente: http://semanal.cermi.es
Rafael Olea. Imágenes: Jorge Villa.
La sociedad avanza, aunque no siempre al mismo ritmo para todos. Por ejemplo, hasta hace solo unas décadas todavía se excluía a las personas con discapacidad del ámbito educativo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos trató de poner fin a esta discriminación y garantizar el acceso de todos a la educación. Desde entonces se han promovido hitos por parte de las Naciones Unidas, como la Declaración de Salamanca o la Convención sobre Discapacidad, pero todavía existen barreras que impiden a las personas con discapacidad el pleno acceso a la educación. Por este motivo, cuatro expertas independientes analizaron la situación en España y abordaron cómo la educación inclusiva debe ser un horizonte irrenunciable.
“Hay que tener en cuenta que el acceso de las personas con discapacidad a la educación es algo muy reciente”, subrayó la experta en cuestiones sociales Isabel Martínez Lozano, en la mesa redonda ‘La educación inclusiva, un horizonte irrenunciable’, organizada por Servimedia y la publicación ‘CERMI.es semanal‘, y moderada por el director general de la agencia, José Manuel González Huesa.
En este evento, cuatro expertas en Educación (la doctora en Pedagogía y técnica en Inclusión Educativa, Marta Medina; la abogada, doctora en Derecho y madre de una persona con discapacidad, María José Alonso Parreño; la experta educativa María Antonia Casanova, además de Isabel Martínez Lozano) coincidieron en que la educación inclusiva es un derecho humano irrenunciable hacia el cual se encamina España, al igual que países de nuestro entorno, tras ratificar tratados de las Naciones Unidas como la Declaración de Salamanca de 1994 o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006.
Las expertas consideran que es preciso generar un amplio debate social o Pacto de Estado que permita desarrollar plenamente la educación inclusiva, a la vez de destinar mayores recursos al Sistema Educativo. Con ello, se garantizaría no solo una educación de calidad, sino también atender las necesidades de todos los alumnos y disponer de una óptima formación y cualificación del profesorado.
Como ejemplos, se destacaron países como Canadá o Portugal, en el cual el 98% de los alumnos con discapacidad cursan los estudios en centros de educación ordinarios (no específicos o paralelos).
En España, cerca del 80 por ciento de los alumnos con discapacidad estudian actualmente en centros ordinarios. “Eso supone”, añade Martínez Lázaro, “que llevamos 35 años en los que no hemos podido avanzar con el otro 20% restante, pese a que el Comité de Discapacidad de la ONU afirme que solo hay una vía de educación (inclusiva).
Alonso Parreño lamenta el desarrollo de “diferentes normativas que “etiquetan a los niños en uno u otro tipo de educación (inclusiva o especial), cuando lo que hace en falta es un sistema o plan de inclusión que permita determinar los apoyos que habría que dar a cada alumno”.
ABANDONO DE ESTUDIOS
Las características del Sistema Educativo actual motivan un elevado abandono de los estudios por parte de las personas con discapacidad. Maria Antonia Casanova denuncia en su libro ‘Educación inclusiva’ que cerca de 80.000 estudiantes con necesidades especiales abandonan los estudios entre Primaria y el Bachillerato.
Las cifras son un motivo para pensar qué error se está cometiendo. Mientras en Primaria había 81.178 alumnos con necesidades especiales durante el curso 2015-2016, en Secundaria descendieron a 55.238 y solamente llegaron al Bachillerato a unos pírricos 3.213 alumnos, según datos del Consejo Escolar del Estado a disposición pública en la web del Ministerio de Educación recogidos en el libro.
“El sistema no ha avanzado sobre todo en Infantil, Primaria y Secundaria”, lamenta Martínez Lázaro. En cambio, contrapone cómo la universidad española sí ha sido capaz de avanzar más rápido y, por ejemplo, incorporar oficinas de apoyo a la discapacidad, becas a la discapacidad, unidades de apoyo o adaptaciones curriculares. “Si tenemos un éxito muy importante en la Universidad, se hace necesario plantearse por qué no lo han hecho la educación Primaria y Secundaria”, se pregunta la experta.
Otra crítica al actual modelo educativo fue que algunos estudiantes con necesidades especiales no puedan obtener calificaciones educativas por cursar en centros especiales. En este sentido, Parreño lamentó que estudiantes de estos centros, como su hija, concluyan su etapa educativa sin que oficialmente se les reconozca titulación alguna.
TORPEDOS A LA LÍNEA DE FLOTACIÓN
Las expertas también subrayaron cómo los frecuentes cambios normativos en materia de educación (prácticamente uno por cada cambio de Gobierno) torpedean la línea de flotación de la de la educación española, sobre todo en materia de calidad e inclusión.
“En Educación tiene que estar todo el mundo de acuerdo”, advierte Casanova. “Esto dificulta que se materialice un pacto educativo que se lleva pidiendo durante muchos años, para que al final, según se comienza a debatir, desaparezca –al cambiar el Gobierno de turno- y todo ‘se vaya al garete’ tras las elecciones”, como consecuencia de las diferentes sensibilidades y ideología que aporte el nuevo Ejecutivo con respecto al anterior.
“Estaría bien que cuando concluya el actual periodo electoral se abra un debate serio para poder avanzar en la educación inclusiva, porque, además, ahora ya no puede utilizarse la crisis como una excusa”, señaló Martínez Lozano.
Por ello, se recordó la necesidad, como propuso el CERMI, de alcanzar un gran pacto de Estado para alcanzar un acuerdo para la inclusión educativa real de las personas con discapacidad.
El CERMI, en esta propuesta, recalca que “nadie ni nada sobra en el ámbito educativo”. Asimismo, propone un diálogo con toda la comunidad educativa, liderado por las Administraciones, verdaderas responsables de esta tarea, para que todas las estructuras de la enseñanza tiendan y alcancen la inclusión y tengan al alumno con discapacidad en el centro del sistema, garantizando los apoyos individualizados que aseguren una educación de calidad que sea la base de su desarrollo humano y su plena participación social.
RECURSOS
Uno de los grandes interrogantes para materializar la inclusión y una Educación de calidad son los recursos. ¿Hay suficientes? La respuesta –seguramente ya respondida por el lector– es.. negativa.
Alonso Parreño cuantificó que “haría falta un importante incremento del gasto en Educación que, como mínimo, debería situarse en el 5 por ciento del PIB”. Asimismo, las expertas coincidieron en que no puede permitirse que alumnos con discapacidad queden fuera de la Educación por la existencia de barreras o falta de recursos.
Marta Medina quiso puntualizar destacó que “casi todos los padres de alumnos con necesidades especiales preferirían inscribir a sus hijos en escuelas ordinarias si realmente estas fueran inclusivas”, a la vez que afirmó que “la educación inclusiva no es mucho más cara”.
“Hablaríamos de una libertad de elección real”, añadió Medina, “si las dos realidades estuviesen más o menos equiparadas, pero cuando hay tantas diferencias y falta de recursos, entiendo el miedo de las familias y que, al final, adopten la decisión que consideran ‘menos mala’ de no ir a la educación ordinaria”.
Asimismo, la experta argumentó que “trabajar en pro de la educación inclusiva es básicamente un ejercicio de coherencia con las normas –como la Convención de Discapacidad de la ONU–, con la sociedad, con nuestros hijos, con el futuro que queremos construir y, también, con el sistema docente”.
PAPEL DEL PROFESORADO
“Tenemos que ser docentes para todos, sin excepciones. Yo fui a la facultad pensando que iba a ser pedagoga para todos los alumnos y no solo para los de la norma”, comentó Medina.
De hecho, la formación y actualización de conocimientos por parte del profesorado fue uno de los principales asuntos debatidos. Las expertas consideran necesario ampliar la formación en materia de diversidad por parte del profesorado, lo cual beneficiaría la inclusión y, con ello, a todos los alumnos, incluidos aquellos con discapacidad o altas capacidades intelectuales, los cuales a veces también encuentran problemas en los centros educativos.
En lo que todas las expertas coincidieron es que toda la comunidad educativa debería sentir la educación inclusiva como una oportunidad y un modo de mejorar la práctica docente. Es, tras ratificar España la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el horizonte irrenunciable al que nos encaminamos.
