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LA INSPECCIÓN DE TRABAJO PROPUSO EN 2018 SANCIONES A EMPRESAS POR NO CUMPLIR LA CUOTA DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR IMPORTE DE CASI 11 MILLONES Y MEDIO DE EUROS

Fuente: cermi.es

La Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social propuso en el año 2018 sanciones pecuniarias a empresas que estando obligadas no acreditaron cumplir la cuota de reserva en favor de trabajadores con discapacidad por un importe global de 11.398.172 euros, un 37,3 5 más que en 2017.

Así se recoge en la Memoria correspondiente a 2018 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en referencia a las actuaciones de este organismo en relación con la comprobación del cumplimiento del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

Esta norma legal establece la obligación para las empresas con 50 o más trabajadores de reservar un 2 % para personas con discapacidad oficialmente reconocida, constituyendo una infracción laboral sancionable el incumplimiento de este deber.

El número de actuaciones inspectoras referidas a la comprobación de la cuota de reserva en favor de trabajadores con discapacidad fue en 2018 de 3.428, un 26,1 % del total de las llevadas a cabo por la Inspección.

El número de infracciones detectadas por incumplimiento de la reserva legal pasó de 144 en 2017 a 260 en 2018, lo que supuso un aumento de un 86,1 %, con el incremento de las sanciones ya señalado.

Con la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, y gracias a una propuesta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) asumida por el Legislador, la no acreditación del cumplimiento de la cuota del 2 % en beneficio de trabajadores con discapacidad comporta para las empresas el no poder acceder a las licitaciones públicas, viéndose excluidas de la contratación de las Administraciones.

En esta línea, el CERMI trabajará en esta Legislatura para modificar la Ley General de Subvenciones a fin de que no puedan percibir ayudas públicas aquellas empresas que no cumplan la reserva legal de empleo para personas con discapacidad.

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