- Así lo ha denunciado el CERMI en el marco de su comparecencia ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado.
- Un informe del CERMI documenta las principales vulneraciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad durante la pandemia.
El delegado del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Estatal) para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, Jesús Martín, ha denunciado las vulneraciones más graves de los derechos humanos de las personas con discapacidad durante la pandemia ocasionada por el coronavirus.
En el marco de su comparecencia de este miércoles ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad en el Senado para informar sobre las demandas de la entidad que representa, Jesús Martín ha hecho referencia al Informe España 2020 ‘Derechos Humanos y Discapacidad’ elaborado por el CERMI en el que se recogen hechos reales de discriminación hacia las personas con discapacidad y evidencia que 2020 es “un año marcado por el cuestionamiento de los derechos humanos a raíz de la pandemia”.
Este informe, que se erige como “una fuente de información valiosa” que da cuenta de la consecución de la Convención de la ONU en España, revela que los derechos humanos son “la mejor vacuna” para mitigar los efectos de la pandemia en las personas con discapacidad y son también “un escudo infranqueable” para proteger su integridad e indemnidad ante las consecuencias sociales, educativas, laborales, socio-sanitarias y económicas de esta emergencia humanitaria
A través de este informe, el CERMI pretende contribuir a identificar y reparar aquellas “quiebras significativas” que impiden el disfrute de los derechos humamos a las personas con discapacidad y a sus familias, y saludar aquellos avances “que como país hemos conquistado en el cumplimiento de este Tratado”.
En este sentido, Jesús Martín ha indicado que “en este año lleno de sombras, dolor y muerte”, este país también “ha mostrado su mejor cara” para eximir del copago farmacéutico a las y los menores con discapacidad, para reducir las tarifas de acceso a los centros de artes escénicas del Ministerio de Cultura y Deporte o la inclusión de la atención temprana como un derecho universal de la infancia.
Asimismo, ha afirmado que si hay “un hito que hay que marcar en la agenda de los derechos humanos” es la ilegalización de las esterilizaciones forzosas, una práctica, hasta ahora, legal en España. “Hoy las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad forman parte de esa historia machista y capacitista que debemos borrar, derogar y denunciar de cualquier país”, ha aseverado.
Según ha continuado, la pandemia ha aflorado un cuestionamiento de los derechos humanos, materializada en situaciones de denegación de UCIS o de negación de traslados a un hospital por razón de edad o de discapacidad o a la generación de tentativas de no asignar estos recursos sobre la base de salvar el sistema sanitario; al tiempo que ha resaltado que “resulta dolorosamente significativo” documentar tantos casos de niñas y niños con discapacidad y de adultos que vieron comprometida sus terapias tras la declaración del primer estado de alarma.
En 2020, ha añadido, “se vuelve a constatar que las personas con discapacidad son discriminadas en España”, a través de “prácticas enquistadas” como las de prohibición de la entrada de perros guías a establecimientos, el veto de algunas aerolíneas para dejar volar a viajeros con discapacidad.
Por otra parte, ha apuntado a la educación como “uno de los derechos más conculcados a lo largo de este año”, ya que, según ha explicado, además de dejar en suspenso al alumnado con discapacidad por falta de accesibilidad de las plataformas digitales, a esto se ha unido, la negación de la libertad de elección a las familias cuando eligen la educación ordinaria. En esta línea, ha hecho referencia a una nueva condena a España de Naciones Unidas por vulneración del artículo 24 de la Convención en el caso de Rubén Calleja, un chico con discapacidad al que se negó estudiar en el colegio ordinario que habían elegido sus padres.
Otra cuestión que ha dejado al descubierto la pandemia, según Martín, es la accesibilidad, la cual “sigue sin asumirse como elemento esencial en el disfrute de los derechos humanos, tales como la información, la movilidad o la libertad de expresión”.
Los derechos económicos, sociales y culturales, articulados en la Convención de la ONU, ha indicado Martín, “evidencian en primer orden que la falta de accesibilidad restringe el derecho a la vivienda de las personas con discapacidad”, al tiempo que “llama la atención que en el trabajo se incumplen las leyes españolas al denegar adaptaciones de puestos de trabajo a personas que han superado una oposición”.
También ha denunciado cómo la regulación de la eutanasia nace en España en contra de las indicaciones de derechos humanos de la ONU; en ciertos aspectos de la nueva Ley de eutanasia, se sigue viendo a las personas con discapacidad como “vidas descartables”, a lo que se une el suicidio, que es la primera causa de fallecimiento no natural en España desde hace 11 años.
En materia de tortura, violencia y abuso e integridad personal, el informe del CERMI recoge un total de 54 casos, que destacan los ataques desproporcionados de las fuerzas y cuerpos de seguridad de estado contra personas con discapacidad por entender que se habían saltado el confinamiento, los internamientos forzosos y las contenciones mecánicas, la autorización, por parte de ayuntamientos de espectáculos denigrantes contra personas con displasia óseas (enanismo) y los casos de violaciones y palizas a personas con discapacidad.
En cuanto a las mujeres con discapacidad, ha señalado Jesús Martín, este año pone de manifiesto “una especial y extrema vulnerabilidad” en aquellas residentes en instituciones colectivas; y un incremento en la magnitud de la violencia de género, que “ha alcanzado cifras alarmantes”.
Este informe del CERMI también saca a la luz la soledad no deseada de las personas con discapacidad, quienes han denunciado en primera persona “cómo este mal del siglo XXI se ceba con ellos aniquilando la compañía y los apoyos que son precisos para asegurar una vida en comunidad”. “Urge una política de Estado para atajar la soledad forzosa”, ha manifestado.
Por último, el delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU ha concluido que “nuevamente, las denuncias superan a los avances”, con un total de 406 denuncias frente a 75 avances y 53 propuestas de mejora. “Un hecho que evidencia que la Convención siguen sin alcanzar en toda su extensión la vida de las personas con discapacidad”, ha agregado.
“Si bien es cierto que un año especialmente duro para toda la ciudadanía van tomando fuerza avances en clave de inclusión, que han sido catalizados por la sociedad civil de las personas con discapacidad y sus familias, articulada en torno al CERMI, que ha demostrado su músculo a la hora de hacer propuestas normativas de mejora de país y cuyo papel ha sido determinante para aplacar los efectos la pandemia, no solo en la prestación de servicios sino cooperando con las administraciones y poniendo a disposición de la comunidad talento y recursos”, ha afirmado Jesús Martín.
Fuente: CERMI
